A casi medio año de las históricas elecciones judiciales en México, comienzan a asomar las primeras grietas del experimento. Este martes, Adrián Guadalupe Aguirre, juez federal electo en Jalisco, presentó su renuncia apenas dos meses después de haber asumido el cargo, convirtiéndose en el primer juzgador en abandonar su puesto tras los comicios que definieron, por voto popular, a 881 jueces y magistrados en todo el país.
La dimisión de Aguirre, quien se desempeñaba en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande —zona marcada por la historia del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán—, fue enviada a la Mesa Directiva del Senado, que la remitió a la Comisión de Justicia para su revisión. Dicho órgano deberá determinar si las causas son justificadas; de lo contrario, el abandono del cargo podría derivar en sanciones civiles o administrativas.
Electo con más de 36 mil votos y propuesto por el Poder Ejecutivo, Aguirre había prometido ser “uno de los primeros jueces en impartir justicia al pueblo y no a los privilegiados”. Su rápida salida, sin explicación pública ni presencia en redes sociales, deja un vacío que será cubierto por Amalia Irandery Ortiz, la segunda más votada en la contienda.
Este caso se suma al de Gabriela Pacheco Torres, jueza penal de distrito en Ciudad de México, quien solicitó licencia un día después de asumir funciones, alegando motivos personales. Su petición fue rechazada por el Senado al considerar que no existían razones justificadas. Ambos episodios han encendido alertas sobre la viabilidad y estabilidad de un sistema judicial surgido de las urnas.
En el ámbito estatal, la situación no es menos problemática. En Durango, uno de los 32 Estados donde se realizaron elecciones judiciales, el proceso quedó prácticamente cerrado antes de comenzar: las candidaturas fueron idénticas a las seleccionadas por los tres poderes, sin margen real de competencia. Cuando el juez electo Héctor Zaragoza Solís renunció por motivos de salud, no había sustitutos disponibles, obligando a una reforma exprés para que un secretario judicial pudiera asumir temporalmente el puesto.
Estas renuncias y ajustes improvisados agravan las dudas sobre una reforma judicial que ya había generado escepticismo entre especialistas. Desde su inicio, los comités de evaluación fueron señalados por su laxitud: establecieron requisitos mínimos y aprobaron candidatos con trayectorias cuestionables. Las organizaciones civiles denunciaron la falta de filtros y la manipulación política del proceso, marcado por las llamadas “listas de acordeones” con los nombres sugeridos por los partidos en el poder.
Con la nueva estructura judicial en marcha, los tribunales enfrentan una intensa exposición pública. Videos de jueces cometiendo errores técnicos o mostrando desconocimiento procesal se han viralizado, alimentando el debate sobre si el modelo de elección popular ha debilitado la calidad y la independencia del Poder Judicial. Aún no se sabe cuántos más resistirán la presión, pero el primer juez en renunciar ya dejó constancia de que no todos estaban preparados para sostener el peso de la toga.
