El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno mexicano realizó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales hacia los Estados Unidos. Según el funcionario, estos sujetos representaban una “amenaza real para la seguridad del país” y fueron entregados bajo mecanismos de cooperación bilateral y la Ley de Seguridad Nacional.
La operación se realizó utilizando 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas, trasladando a los detenidos a ciudades como Washington, Houston, Nueva York y San Diego. García Harfuch destacó que, con este movimiento, suman ya 92 criminales de alto impacto enviados al país vecino durante la actual administración. Una condición clave pactada con el Departamento de Justicia de EE. UU. es que no se solicitará la pena de muerte para ninguno de los señalados.
Objetivos prioritarios enviados
Entre los perfiles más destacados en este envío se encuentran líderes logísticos y regionales de los cárteles más poderosos:
- Armando Gómez Núñez (“Delta 1”): Líder de “Los Deltas” (CJNG), capturado apenas en diciembre de 2025.
- Daniel Alfredo Blanco Joo (“El Cubano”): Operador del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI, detenido el pasado 15 de enero.
- Pedro Inzunza Noriega (“El Señor de la Silla”): Vinculado a la cúpula de los Beltrán Leyva.
- Ricardo González Sauceda (“El Ricky”): Cabecilla regional del Cártel del Noreste.
Críticas por violación al debido proceso
Pese al discurso oficial de seguridad, la medida ha encendido alarmas legales. Expertos y juristas, como el ministro en retiro José Ramón Cossío, han señalado que estos envíos se están realizando fuera del proceso formal de extradición.
Al no seguir los cauces jurídicos tradicionales, los ciudadanos mexicanos son enviados a territorio estadounidense sin la oportunidad de defenderse ante el sistema judicial nacional, lo que ha sido calificado por críticos como una expulsión directa que viola el orden constitucional y las garantías individuales. Mientras el gobierno defiende la medida como una forma de “ya no generar violencia en nuestro país”, la controversia sobre la legalidad del procedimiento crece en el ámbito de los derechos humanos.
