El Gobierno de Hidalgo reveló que durante años ha pagado rentas por oficinas ubicadas en inmuebles pertenecientes a exgobernadores y exfuncionarios, una práctica que se pretende erradicar con la construcción del nuevo Centro Administrativo de Servicios para el Pueblo (CASP).
Miguel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, denunció que aún existen contratos de arrendamiento vigentes por el uso de propiedades privadas que fueron habilitadas como oficinas públicas, muchas de ellas construidas por actores del antiguo régimen con el propósito de alquilarlas al propio gobierno.
“Durante mucho tiempo se permitió que oficinas del gobierno operaran en casas y edificios propiedad de exfuncionarios, lo que generó una dependencia innecesaria de intereses privados”, afirmó.
Con el nuevo CASP, el gobierno estatal busca concentrar en un solo edificio a cientos de trabajadores que actualmente están distribuidos en inmuebles rentados, eliminando así la dispersión administrativa y los costos asociados.
Además de poner fin a este tipo de vínculos, el proyecto avanza sin recurrir a endeudamiento público, subrayó Tello, como una muestra del compromiso del gobernador Julio Menchaca con la responsabilidad financiera.
El edificio contará con mayor conectividad, infraestructura moderna y estará vinculado con una red de transporte público eficiente. En ese sentido, también se trabaja en una reestructuración del sistema Tuzobús, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte.
El inicio de la obra está previsto para los próximos meses y forma parte de una estrategia integral para depurar prácticas heredadas, mejorar el servicio público y optimizar los recursos del estado.
