La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reunió con Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado, quien exigió justicia por el homicidio del funcionario municipal.

Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que en el encuentro también participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el exmandatario michoacano Lázaro Cárdenas Batel.

“Ellos, con toda razón, exigen justicia y que se llegue al final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, del homicidio del presidente municipal”, señaló Sheinbaum.

Asimismo, adelantó que el viernes estará listo un borrador del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual será presentado oficialmente la próxima semana.

Sheinbaum informó que Grecia Quiroz asumirá hoy como alcaldesa de Uruapan ante el Congreso local, y que el Gobierno federal mantendrá comunicación con el municipio en el marco del nuevo plan de seguridad.

La mandataria indicó que durante la reunión del gabinete de seguridad de esta mañana también participó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con quien se revisaron estrategias específicas para reforzar la seguridad en el estado.

Además, adelantó que Ramírez Bedolla sostendrá este mismo día una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para coordinar las acciones del plan.

“Ayer tuve una reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan (…) los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer distintas consultas con los sectores de Michoacán para tener un primer borrador el viernes por la tarde”, apuntó.

La presidenta subrayó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no busca militarizar el estado, sino atender las causas de la violencia mediante un enfoque integral.

“No tiene que ver con la militarización, ni con armar a nadie, sino con un plan integral que refuerce la estrategia de seguridad. No se trata de una lista de cientos de acciones, sino de acciones muy concretas”, aclaró.

Finalmente, Sheinbaum destacó que el proyecto contará con recursos reorientados específicamente a Michoacán, con el objetivo de garantizar resultados efectivos y sostenibles.

A casi medio año de las históricas elecciones judiciales en México, comienzan a asomar las primeras grietas del experimento. Este martes, Adrián Guadalupe Aguirre, juez federal electo en Jalisco, presentó su renuncia apenas dos meses después de haber asumido el cargo, convirtiéndose en el primer juzgador en abandonar su puesto tras los comicios que definieron, por voto popular, a 881 jueces y magistrados en todo el país.

La dimisión de Aguirre, quien se desempeñaba en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande —zona marcada por la historia del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán—, fue enviada a la Mesa Directiva del Senado, que la remitió a la Comisión de Justicia para su revisión. Dicho órgano deberá determinar si las causas son justificadas; de lo contrario, el abandono del cargo podría derivar en sanciones civiles o administrativas.

Electo con más de 36 mil votos y propuesto por el Poder Ejecutivo, Aguirre había prometido ser “uno de los primeros jueces en impartir justicia al pueblo y no a los privilegiados”. Su rápida salida, sin explicación pública ni presencia en redes sociales, deja un vacío que será cubierto por Amalia Irandery Ortiz, la segunda más votada en la contienda.

Este caso se suma al de Gabriela Pacheco Torres, jueza penal de distrito en Ciudad de México, quien solicitó licencia un día después de asumir funciones, alegando motivos personales. Su petición fue rechazada por el Senado al considerar que no existían razones justificadas. Ambos episodios han encendido alertas sobre la viabilidad y estabilidad de un sistema judicial surgido de las urnas.

En el ámbito estatal, la situación no es menos problemática. En Durango, uno de los 32 Estados donde se realizaron elecciones judiciales, el proceso quedó prácticamente cerrado antes de comenzar: las candidaturas fueron idénticas a las seleccionadas por los tres poderes, sin margen real de competencia. Cuando el juez electo Héctor Zaragoza Solís renunció por motivos de salud, no había sustitutos disponibles, obligando a una reforma exprés para que un secretario judicial pudiera asumir temporalmente el puesto.

Estas renuncias y ajustes improvisados agravan las dudas sobre una reforma judicial que ya había generado escepticismo entre especialistas. Desde su inicio, los comités de evaluación fueron señalados por su laxitud: establecieron requisitos mínimos y aprobaron candidatos con trayectorias cuestionables. Las organizaciones civiles denunciaron la falta de filtros y la manipulación política del proceso, marcado por las llamadas “listas de acordeones” con los nombres sugeridos por los partidos en el poder.

Con la nueva estructura judicial en marcha, los tribunales enfrentan una intensa exposición pública. Videos de jueces cometiendo errores técnicos o mostrando desconocimiento procesal se han viralizado, alimentando el debate sobre si el modelo de elección popular ha debilitado la calidad y la independencia del Poder Judicial. Aún no se sabe cuántos más resistirán la presión, pero el primer juez en renunciar ya dejó constancia de que no todos estaban preparados para sostener el peso de la toga.

En la víspera del debate del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, la bancada de Morena aseguró que el proyecto propone un gasto público responsable, con visión social y económica, destinado a fortalecer los sectores de salud, seguridad social e inversión pública, pilares —dijeron— del nuevo Estado de bienestar.

El vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar subrayó que el incremento en los recursos para salud y seguridad permitirá usar el gasto “como una herramienta para el desarrollo y el bienestar de la población”. Además, aclaró que no habrá recorte en materia de seguridad, sino una reorientación de fondos hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, tras la reforma que devolvió al Ejército el mando operativo de la Guardia Nacional.

Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, que aprobó el dictamen, Ramírez Cuéllar destacó que el gasto en salud, infraestructura y seguridad crecerá por encima del promedio general del gasto público, con un incremento real de 5.9% respecto a 2025, equivalente a 965 mil 662 millones de pesos.

En el desglose, el IMSS recibirá 556 mil 342 millones de pesos, un aumento de 11.8%; el IMSS-Bienestar, que se incorpora por primera vez al PEF, dispondrá de 167 mil 306 millones; mientras que el ISSSTE contará con 81 mil 525 millones.

“Este esfuerzo presupuestal refleja la determinación de fortalecer la atención médica gratuita, garantizar el abasto de medicamentos y consolidar el nuevo modelo universal de salud bajo el IMSS-Bienestar”, afirmó el legislador.

En cuanto a seguridad nacional, se asignarán 138 mil 127 millones de pesos, y para seguridad interior y orden público —que incluye la búsqueda de personas desaparecidas, prevención del delito y fortalecimiento institucional— se prevé un gasto de 64 mil 132 millones, lo que representa un incremento real de 16.7%.

Finalmente, Ramírez Cuéllar detalló que la inversión pública total ascenderá a 1.25 billones de pesos, equivalente al 3.2% del PIB, con 13 proyectos prioritarios de infraestructura que concentrarán 536 mil 800 millones del total.

“El PEF 2026 busca garantizar la estabilidad económica, impulsar el crecimiento regional equilibrado y consolidar el bienestar social”, concluyó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que el ex subsecretario de Planeación Turística, Simón Levy, “parece que sí” fue detenido, probablemente en Portugal, tras ser consultada sobre su paradero.

La mandataria explicó que la detención estaría vinculada a una denuncia presentada hace tiempo por un particular en la Ciudad de México. Contra Levy existen dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra el ambiente, daño a la propiedad y amenazas, según detalló Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El auge de la transición energética ha dejado un dato sorprendente: el crecimiento de la energía solar fotovoltaica supera ampliamente al de la energía eólica, incluso cuando su costo nivelado de electricidad (LCOE) puede ser más alto. ¿Por qué sucede esto?

La brecha entre potencia instalada y el LCOE

El LCOE es una métrica clave para comparar tecnologías renovables, pues considera todos los costes durante la vida útil de un proyecto. Tradicionalmente, la eólica terrestre suele mostrar un LCOE inferior a la solar. Sin embargo, el ritmo de instalación solar es imparable, ganando terreno año tras año a escala global.

El CAPEX: el verdadero motor de la expansión solar

El principal diferenciador está en el CAPEX, es decir, el costo inicial de establecer cada tecnología. La solar fotovoltaica resulta mucho más accesible en términos de inversión inicial por kW instalado. Comparativamente, los parques eólicos requieren infraestructura más robusta y costosa, mayor complejidad en permisos y logística, y plazos de desarrollo más largos.

• CAPEX Solar: globalmente entre $600 y $1,000 USD/kW
• CAPEX Eólica terrestre: entre $1,100 y $1,500 USD/kW

Este abaratamiento de la inversión y la mayor facilidad para concretar proyectos solares incentivan a inversionistas y gobiernos a priorizar la fotovoltaica, incluso si el LCOE final no es el más bajo.

Ventajas adicionales de la energía solar

La solar ofrece una gran versatilidad: desde pequeños sistemas residenciales hasta gigantescas plantas a escala utility, su modularidad, velocidad de despliegue y menores restricciones sociales y ambientales la convierten en una solución universal.

Reflexión final

En la decisión global de nuevas instalaciones renovables, el CAPEX suele pesar más que el LCOE. La energía solar lidera hoy no solo porque produce energía limpia, sino porque es la respuesta más accesible y rápida para expandir la capacidad renovable del planeta.

Nueva metadescription

“Descubre por qué la energía solar instala más capacidad que la eólica en el mundo, aun cuando su LCOE es mayor. El CAPEX y la facilidad de ejecución marcan la diferencia.”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que empresarios estadounidenses están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en el contrabando de combustible hacia México, y confirmó que el caso también está bajo indagatoria por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según explicó, varias de las carpetas abiertas en territorio mexicano ya fueron presentadas ante un juez para la emisión de órdenes de aprehensión, mientras que otras siguen en integración.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la existencia de empresarios del país vecino implicados en estas operaciones ilegales “no se puede negar ni explicar de otra forma”, dado que el ingreso de combustible de manera clandestina desde Estados Unidos a México “solo podría ocurrir con complicidad del otro lado de la frontera”. Sheinbaum destacó que, tras las investigaciones y detenciones recientes, así como el fortalecimiento de la vigilancia en aduanas, el contrabando de combustible ha disminuido de forma significativa.

“Lo vemos reflejado en el aumento de ventas de gasolina directamente de Pemex y de las propias empresas que importan de manera legal”, afirmó. Pese a ello, reconoció que el ingreso ilícito “todavía ocurre, aunque en menores proporciones”.

La declaración de Sheinbaum se dio luego de que Reuters publicara un reportaje en el que señaló a la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, como pieza clave en una red que habría permitido a la compañía Intanza, con base en Monterrey y presuntamente vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), introducir combustible de contrabando a México. Cuestionada sobre si las investigaciones de la FGR están relacionadas con este caso, la Presidenta confirmó que “sí había un vínculo”, aunque dijo desconocer si las carpetas presentadas corresponden a esa línea.

“La Fiscalía hace sus propias investigaciones y será la encargada de informar hasta dónde llegan”, respondió ante los cuestionamientos de la prensa.

Sheinbaum reiteró además que la estrategia de seguridad nacional mantiene sus cuatro ejes principales: atención a las causas con programas sociales y espacios para jóvenes, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación interinstitucional.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Ley de Ingresos que se discute en el Senado contemple nuevos impuestos que afecten directamente a los contribuyentes. Explicó que la única modificación relevante es la eliminación de la deducción fiscal que los bancos realizaban por los pagos del Fobaproa, medida que busca corregir privilegios y fortalecer las finanzas públicas sin imponer nuevas cargas fiscales a la ciudadanía.

Sheinbaum subrayó que el objetivo central del paquete económico no es recaudar más mediante nuevos gravámenes, sino mejorar la recaudación existente. De acuerdo con las proyecciones del gobierno federal, el combate a la corrupción, la evasión y las malas prácticas fiscales permitirá captar alrededor de 400 mil millones de pesos adicionales. “No se trata de aumentar impuestos, sino de cobrar mejor y de manera más justa”, señaló la mandataria, al destacar los avances en el control de empresas factureras y la supervisión en aduanas.

La presidenta también aclaró que el único ajuste previsto es el incremento al impuesto sobre las bebidas azucaradas, medida que —según dijo— tiene un propósito de salud pública más que recaudatorio. “No es un impuesto para recaudar, sino para desalentar el consumo. Si alguien deja de tomar un refresco al mes, ya lo compensa”, comentó con tono irónico.

En materia de fiscalización, Sheinbaum resaltó los avances tecnológicos en aduanas, donde están por concluirse las instalaciones de equipos de rayos X que permitirán detectar con mayor precisión irregularidades en la importación y exportación de mercancías. Con ello, el gobierno busca cerrar espacios a la evasión y asegurar que las grandes empresas cumplan con sus obligaciones tributarias, consolidando así una política fiscal enfocada en la equidad y la eficiencia sin recurrir a nuevos impuestos.