La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso fin a las especulaciones sobre el aterrizaje de un avión militar Hércules C-130 de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca el pasado sábado. Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la operación contaba con autorización desde octubre de 2025 y tuvo como único fin actividades de capacitación logística para elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ante los cuestionamientos de legisladores de oposición sobre si el Senado debió autorizar la llegada, Sheinbaum fue tajante al señalar que no era necesaria dicha consulta pues “no venían tropas de Estados Unidos”. Explicó que este tipo de procedimientos son ordinarios y forman parte de acuerdos bilaterales previos, descartando cualquier carácter excepcional o de intervención en territorio nacional.

Tensiones aéreas y la alerta de la FAA en el Pacífico

El aterrizaje ocurrió en un momento de incertidumbre tras la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. sobre “interferencias” y situaciones peligrosas en el espacio aéreo del Pacífico, incluyendo el Golfo de California.

Al respecto, la presidenta informó:

• Verificación de soberanía: Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional confirmaron que no hubo sobrevuelos militares no autorizados sobre suelo mexicano.
• Respuesta oficial: El gobierno esperó a tener la confirmación por escrito antes de emitir un comunicado oficial para dar certeza a la población.
• Contexto regional: La advertencia de la FAA, vigente hasta marzo, coincide con la operación “Lanza del Sur”, mediante la cual EE. UU. mantiene despliegue naval en el Caribe y el Pacífico para el combate al narcotráfico, el mismo contingente que participó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela a inicios de enero.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno mexicano realizó el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales hacia los Estados Unidos. Según el funcionario, estos sujetos representaban una “amenaza real para la seguridad del país” y fueron entregados bajo mecanismos de cooperación bilateral y la Ley de Seguridad Nacional.

La operación se realizó utilizando 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas, trasladando a los detenidos a ciudades como Washington, Houston, Nueva York y San Diego. García Harfuch destacó que, con este movimiento, suman ya 92 criminales de alto impacto enviados al país vecino durante la actual administración. Una condición clave pactada con el Departamento de Justicia de EE. UU. es que no se solicitará la pena de muerte para ninguno de los señalados.

Objetivos prioritarios enviados

Entre los perfiles más destacados en este envío se encuentran líderes logísticos y regionales de los cárteles más poderosos:

• Armando Gómez Núñez (“Delta 1”): Líder de “Los Deltas” (CJNG), capturado apenas en diciembre de 2025.
• Daniel Alfredo Blanco Joo (“El Cubano”): Operador del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI, detenido el pasado 15 de enero.
• Pedro Inzunza Noriega (“El Señor de la Silla”): Vinculado a la cúpula de los Beltrán Leyva.
• Ricardo González Sauceda (“El Ricky”): Cabecilla regional del Cártel del Noreste.

Críticas por violación al debido proceso

Pese al discurso oficial de seguridad, la medida ha encendido alarmas legales. Expertos y juristas, como el ministro en retiro José Ramón Cossío, han señalado que estos envíos se están realizando fuera del proceso formal de extradición.

Al no seguir los cauces jurídicos tradicionales, los ciudadanos mexicanos son enviados a territorio estadounidense sin la oportunidad de defenderse ante el sistema judicial nacional, lo que ha sido calificado por críticos como una expulsión directa que viola el orden constitucional y las garantías individuales. Mientras el gobierno defiende la medida como una forma de “ya no generar violencia en nuestro país”, la controversia sobre la legalidad del procedimiento crece en el ámbito de los derechos humanos.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el nuevo organismo rector del sector en México, anunció que en las próximas semanas emitirá lineamientos obligatorios para eliminar la leyenda “Alerta Presidencial” de los dispositivos móviles. Esta frase suele aparecer en las pantallas de los teléfonos inteligentes cuando se activa el sistema nacional de alertamiento por sismos u otras emergencias.

La decisión surge tras la controversia generada durante los sismos de inicios de enero de 2026, cuando miles de usuarios expresaron su confusión y molestia en redes sociales. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades han señalado que dicha frase es poco clara y puede malinterpretarse como un mensaje político o una comunicación directa del Ejecutivo, en lugar de un aviso de protección civil.

¿Qué implica este cambio para los usuarios?

La CRT fue enfática al aclarar que el sistema de alertamiento no desaparecerá ni perderá eficacia. Los cambios se centran exclusivamente en la interfaz visual:

• Texto estandarizado: La frase “Alerta Presidencial” será sustituida por un mensaje oficial avalado por la CRT que identifique claramente la naturaleza de la emergencia.
• Mismo funcionamiento: El sonido característico, la vibración intensa y la obligatoriedad del aviso en todos los equipos inteligentes se mantendrán sin alteraciones.
• Neutralidad: El objetivo principal es evitar interpretaciones políticas y reforzar la confianza ciudadana en las herramientas de gestión de riesgos y desastres.

Las compañías telefónicas y los fabricantes de dispositivos deberán actualizar sus sistemas operativos y configuraciones para cumplir con estos nuevos lineamientos una vez que sean publicados oficialmente.